SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
“Sobre la presunción de inocencia”, de Isabel Mª Marín, Vicepresidenta de la PCI
Denuncias falsas, Firmas de mujeres-feministas, Firmas de otros letrados, Maltrato a hombres, Plataforma Ciudadana por la Igualdad, Presunción de inocencia/culpabilidad, Suicidios octubre 21st, 2010
Artículo de Isabel María Marin Miguel, abogada de familia y Vicepresidenta de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad.
En el nº 17 del suplemento de ABC Lexiuris del día 30 de septiembre del 2010, leo con estupor el artículo de Amalia Calderón, coordinadora del turno de oficio de violencia de género del Colegio de abogados de Sevilla.
El pensamiento más rápido que me viene a la cabeza es: “Que maneras de tergiversar la dramática realidad, intentando confundir a la sociedad en un alarido desesperado, en una rabieta sin descanso por no poder conseguir más: pisotear al hombre destruyéndolo, aniquilándolo”; “Que injusto, que poco tiento en la interpretación y aplicación del Derecho, al manifestarse vulneración del principio de inocencia en la mujer que denuncia malos tratos”.
Como ex abogada del turno de violencia de género y como abogada de familia, mi más enérgico rechazo a estas manifestaciones, dicho con todo el respeto; y como mujer, siento vergüenza y pena, al no poder erradicar de momento, siempre de momento, esa sinrazón que domina a muchas mujeres, y que es como un cáncer que termina invadiéndolo todo. Presiento odio en el ánimo de muchas féminas, alimentado por ciertos colectivos, numerosos colectivos, que sufragados con subvenciones del papá Estado a cambio de votos, han logrado que la metástasis invada estas mentes, enfermándolas de gravedad.
¿Que la presunción de inocencia se está negando a la mujer que interpone una denuncia al hombre por supuestos malos tratos? ¿A la denunciante? Esto es un nuevo principio de derecho ¿La denunciante tiene derecho a la presunción de inocencia? Como jurista esto es inviable, jurídicamente, no existe. Señores ¿entonces de que estamos hablando? ¿A que locura estamos ya llegando?
Olvida la coordinadora que la Ley, por el contrario, consagra el principio de veracidad de la denunciante en detrimento del principio de inocencia del hombre, pues a la denunciante se le concede toda credibilidad por el hecho de ser mujer. Esto ocurre en España en una sociedad donde se admite el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres en un claro ataque al artículo 14 de la Constitución.
Los derechos estimada compañera, manifiestas, que han de serlo para todos los ciudadanos. Me pregunto quien tiene aquí los derechos. Según la ley integral de violencia de género: la mujer, aquella que con solo decir en una comisaría mi marido me ha insultado y gritado delante de los niños, por poner un ejemplo, al día siguiente tiene al marido fuera de su casa con orden de alejamiento -esto en los casos leves-; y los casos más complicados como discusiones mutuas subidas de tono en el contesto de una crisis matrimonial, terminan con pena de prisión. Si esa discusión se repite o uno de los dos vulnera la orden de alejamiento, mi querido amigo… despídete de la hermosa libertad. Y despídete de tus hijos y tus hijos de ti.
Por ello vuelvo a preguntar: ¿quién tiene aquí los derechos? La mujer que denuncia en los claros ejemplos anteriores, y que recibe una ayuda económica por denunciar y que está superprotegida como si de una imbécil se tratara, en el marco que traza la Ley. ¿Es esta la igualdad que queremos las mujeres? Que decepción para las feministas de antaño que lucharon por nuestra libertad. Que frustración más inmensa para las mujeres de hoy.
La mujer que padece malos tratos continuados, que no se atreve a denunciar, que no levanta la vista del suelo, que le da miedo hablar… ¿Tiene derechos? Rotundamente no. La ley que se aprobó para ayudarlas y rodearlas de un status de seguridad, en virtud del cual pudieran salir de dicha esclavitud, las está perjudicando, desde hace 6 años. El Gobierno actual mira para atrás, las feministas radicales y los que piensa como ellos ni siquiera miran. ¿Para qué? Se están alimentado del sufrimiento de las mismas, y se están haciendo cómplices de sus muertes.
La ley de violencia de género considera maltratador a aquel agresor que actúa con intención de dominar y someter a la mujer ¿Cuantos casos hay de estos en una denuncia que se interpone con ocasión de una crisis matrimonial o de pareja que se va a separar?. Ninguno. Ahí están las denuncias falsas, las denuncias que hay que perseguir y las denuncias que los organismos públicos competentes en la materia, como el Observatorio de Violencia de Género, deberían contabilizar a efectos de estadísticas. En absoluto tarea difícil, pero que no se hace por ser políticamente incorrecto, porque no interesa, porque el caudal económico y de votos que mana de explotar el tema de la violencia de género, y a costa de las maltratadas reales y de los maltratados por las denuncias falsas, dejaría de producir ventajas económicas para muchos/muchas. Es escandaloso, lo siento es la realidad y que me demuestren lo contrario.
Tan sólo se contabilizan las denuncias y con ello, automáticamente, se denomina a los hombres denunciados como “agresores”; a tantas denuncias, tantos hombres “maltratadores”, y tantas mujeres “víctimas”. Se arguye que los hombres son maltratadores siempre. Si han sido absueltos, no es porque fueran inocentes, ¡por Dios que va!, es porque según el Ministerio de Igualdad, no hubo suficientes pruebas, o bien porque la mujer ha retirado la denuncia, evidentemente, siempre por miedo, jamás por falsa y temeraria. Y ya está, ahí queda el tema, sin ahondar en nada más. Hay que dotar al sistema de más medios, más Juzgados y no precisamente de la mujer, material, equipos psicosociales que, sin adoctrinamiento “de género”, valoren tanto a unos como a otros y su entorno familiar, personal competente y con especial predisposición en este tipo de materia, que requiere sensibilización especial, pueda filtrar las denuncias falsas de las que no lo son. Se empezaría a transformar esta tragedia nacional y conllevaría la modificación de la Ley de violencia de género, el Código penal, y el Código civil.
Desde el extinto Ministerio de DesIgualdad, se financian estudios sobre los labios menores del clítoris, se reparten subvenciones a las radicales “de género” en España o, por ejemplo, a la asociación de lesbianas de Zimbawe, pero para poner protección a una mujer verdaderamente maltratada, ya no les quedan recursos económicos, y menos para atender a los hombres, despreciables hombres, a los que se separa de facto de sus hijos, se les aleja de su propia casa, se quedan sin trabajo, y sin su dignidad. ¿Para que se van a destinar fondos si la mayoría de ellos terminan suicidándose?. Esto también se olvida, y no se refleja en los medios de comunicación. En el año 2009 el 25,6 de las víctimas mortales a manos de sus parejas fueron hombres y estos datos proceden del CGPJ, aquel mismo que manifiesta que las denuncias falsas no existen. ¿Por que no se cotejan las cifras de hombres que denuncian? Realmente, aunque las hay, las denuncias son pocas, porque el hombre por vergüenza no se atreve a denunciar el maltrato no tanto físico sino psíquico que padecen a diario en sus hogares, o el maltrato institucional al que sus parejas y el Estado les someten cuando son privados de sus hijos, cuando les arrebatan su vida sin piedad, señalados y estigmatizados como escorias humanas, como si de la época inquisitorial se tratara.
Supongo que se desconoce también que en el año 2009 las muertes por suicidio superaron los fallecidos por accidentes de tráfico, y que el porcentaje de muertos de hombres triplicó el de mujeres. Esto no interesa.
En cuanto a la llamada de exigir todo el rigor a los profesionales que se pronuncian al respecto, no podemos hacerlo contra los abogados que trabajamos día a día con las víctimas de los dos tipos, las de las realmente maltratadas y los de los maltratados por la Ley de violencia por ser hombres. No podemos hacerlo con los jueces que se atreven a denunciar esta lacra social de denuncias sin sentido y que son expedientados por alzar la voz, y que van en aumento; y tampoco podemos hacerlo contra las asociaciones de afectados, numerosas, desvalorándolas y en su importante labor, despreciándolos y aferrándose a la idea de que como se mueven por Internet no tienen valor alguno. Algunas, tan importantes como la Asociación de jueces para la democracia y la Asociación profesional de la Magistratura. Seamos humanos, simplemente, y hagamos una reflexión profunda y sincera trabajando en un plano de igualdad y de derechos humanos, atajando el problema desde el respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el de la igualdad sin distinción de sexo, el de justicia justa para todos, el de la integridad física y psíquica para todos/as, y el de la dignidad humana, con la que un niño pueda sentir y vivir con un padre y una madre maravillosos aunque estén separados, en vez de “tengo un papa maltratador sin serlo al que no puedo ver, o a una madre maltratada que tampoco la puedo ver porque el Estado no la ha protegido y la han matado.”
Isabel María Marin Miguel, abogada de familia, Vicepresidenta de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad
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