Denuncias falsas por violencia de género. Demasiados tópicos
Por Olatz Alberdi Rey. Socia ABA Abogadas.
Hay una prueba contundente sobre la gravedad real de la violencia de género en España: las casi cien mujeres muertas que se contabilizan todos los años. Y no hay consuelo ninguno, porque los estudios constatan el hecho de que sólo un discretísimo 10% de mujeres se atreven a denunciar los maltratos y para llegar a tomar la decisión soportan esta situación de violencia sexista durante no menos de diez años antes de decir ¡Ya está bien!
Las cifras caminan siempre en contra de la esperanza, puesto que las denuncias por violencia de género se acercan al medio millón en tres años. Desde 2007 han sido 470.706 las denuncias interpuestas, con un crecimiento en torno al 17% en este período de tiempo. Aunque hay que contemplar con mirada positiva estas tristes cifras porque constatan, al mismo tiempo, que cada vez hay más denuncias porque cada vez se confía más en la oportunidad de denunciar y de no tolerar en silencio la violencia.
Tres de cada cuatro órdenes de protección son aceptadas por el Juzgado de Instrucción, concediéndose órdenes de protección en un 73% de los casos, mientras que las condenas en Sentencia dictadas por los Juzgados de lo penal son del 53% aproximadamente.
En este incremento de las cifras se apoyan algunas opiniones, demasiado generalizadas entre algunos sectores, incluso de la propia judicatura, que insisten en que estas denuncias suelen ser interpuestas por algunas mujeres para conseguir un provecho en los procesos de separación y divorcio. Porque esperan crear un ambiente o predisposición emocional favorable y que tal vez la concesión de una orden de protección previa a la separación o divorcio les suponga un beneficio posterior en dichos procesos. En definitiva, que se conseguirán mejores condiciones en la separación. Y aquí se escudan algunas voces cuando niegan que se incremente el maltrato sexista, sino que es una estrategia utilizada en este tipo de pleitos y que es básicamente por ello por lo que se incrementan anualmente este tipo de denuncias.
No puede negarse que se puede llegar a obtener alguna ventaja en el proceso de separación. Por ejemplo, mediante una denuncia por violencia, si se consigue una orden de protección se podrían conceder Medidas Civiles y así se tendría ya, antes de ir al proceso matrimonial, atribuido el uso y disfrute del domicilio, o la guarda y custodia de los menores o pensiones de alimentos. Sin embargo, estas medidas civiles, no se acuerdan más que en un tercio de las ocasiones, por lo que la ventaja más real es verdaderamente la más auténtica: la necesidad de tener "alejado" al agresor.
Además debe tenerse en cuenta que el Juez nunca está vinculado por las medidas civiles obtenidas en el proceso penal para tener que mantenerlas en el civil.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los juzgados de Violencia de Género, a través de los que se tramitarán los procesos de separación o divorcio por tener atribuida la competencia en estos casos están absolutamente colapsados. En los procesos de separación o divorcio en los que existe o ha existido violencia de género o simplemente se ha denunciado la misma, se atribuye la competencia a los Juzgados de Violencia de Género, lo que se traduce en un perjuicio al producirse una gran demora en la resolución final de los mismos.
También es relevante el inconveniente añadido de que los Juzgados de Violencia de Género son especialistas en el orden penal, no siendo especialistas en derechos de familia con sus muchas peculiaridades. En este mismo orden de cosas, muchos profesionales somos partidarios de la regulación de un proceso civil más ágil para resolver los conflictos de las familias sin tener que derivar hacia la vía penal.
Se dan varias explicaciones para el aumento de las denuncias por violencia que se produce paulatinamente desde la entrada en vigor de la Ley: mayor información de las víctimas, recomendaciones legales de denunciar en todos los ámbitos…
Hay jueces de violencia que abiertamente acusan de un exceso de denuncias de violencia sexista, poniendo el acento en la posibilidad de un incremento de las denuncias falsas, mediante la utilización fraudulenta del proceso.
Quizá por ello, algunos sectores acusan a los Jueces de Violencia de actuar de manera absolutamente misógina, a pesar de ser el 75% de las juezas mujeres. Los jueces se defienden afirmando que "sufren una presión mediática y social muy fuerte" cuando se enfrentan a estos casos de violencia y que eso provoca una "justicia defensiva" que no es buena para solucionar el problema.
Sin embargo no hay datos para apoyar la afirmación de un incremento de las denuncias falsas, vuelvo a apoyarme en datos. Según asociaciones de mujeres, los estudios revelan que se denuncia menos del 10% de la realidad de la violencia de género. Y si bien es verdad que han aumentado las denuncias, debemos agradecérselo a la concienciación social y pública, a las campañas publicitarias y a una toma de postura más activa y reivindicativa de las mujeres. En modo alguno el incremento de las denuncias supone un dato contradictorio por el que presumir la existencia de denuncias falsas.
Desde siempre se ha puesto en duda la credibilidad de las mujeres que denuncian por diversos sectores de la sociedad, y lo cierto es que para una mujer maltratada denunciar es el comienzo de un absoluto calvario, principalmente por dicha razón de que se le hace sentir más culpable de lo que ya se siente como consecuencia del maltrato sufrido.
Han existido pocas denuncias de falsedad pero no hay condenas relevantes en ningún caso, "apenas tres este último año", aunque algunos lo achacan a que el Ministerio Fiscal no actúa nunca de oficio, de manera negligente, por las muchas falsedades que se vierten en los juicios.
