Manifiesto por la Independencia Judicial
Seguidamente reproducimos el anuncio difundido por los jueces impulsores del Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial.
ANUNCIO MUY IMPORTANTE PARA TODA LA CARRERA JUDICIAL
ACTO DE PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL MANIFIESTO
En nombre del grupo de jueces impulsores del “MANIFIESTO POR LA DESPOLITIZACIÓN Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL” me complace anunciaros que el próximo día 6 DE MARZO a las 12 HORAS tendrá lugar en MADRID, HOTEL NH EMBAJADA de la calle Santa Engracia 5 (Metro Alonso Martinez), el acto de presentación pública del Manifiesto y subsiguiente rueda de prensa a todos los medios de comunicación a fin de dar a conocer a la opinión pública el contenido, razones y objetivos de este documento que, hasta la fecha, ha sido respaldado ya por mucho más de 1100 jueces y magistrados de toda España.
PLATAFORMA
POR LA DESPOLITIZACIÓN Y
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
MANIFIESTO
A).- PREÁMBULO.-
Los jueces abajo firmantes, por encima de nuestras plurales diferencias ideológicas y concreta vinculación o no a cualquiera de las cinco asociaciones judiciales existentes (APM, FV, JD, FJI y ANJ), consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el PODER JUDICIAL en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance, comenzando por despertar las conciencias que pese al potente y esperanzador Movimiento 8 Octubre aún pueden permanecer dormidas en alguna parte de nuestro colectivo y, sobre todo, informando y concienciando a la opinión pública de las graves consecuencias que para el Estado de Derecho, en general, y para la vida cotidiana y personal de todos los ciudadanos, en particular, ha comportado y comportará aún más en el futuro el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos. Porque, en definitiva, al margen de nuestras diferentes posiciones ideológicas, los firmantes de este escrito compartimos la común convicción de que lo que está en juego es la Democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución.
Por ello, y para tales fines, los jueces que rubricamos este documento nos hemos propuesto como tarea urgente e indispensable impulsar un movimiento activo que, recogiendo los principios más esenciales y compartidos de ese plural espíritu nacido el 8 octubre de 2008 en el seno del foro telemático judicial, articule de manera más estable y con un mínimo de cohesión interna una organización estructurada y permanentemente operativa que sepa abrirse a la sociedad y poner en su conocimiento la gravedad de la situación judicial, así como la gran preocupación que nos embarga como titulares de un poder del Estado que, lejos de poder cumplir dignamente y en libertad su constitucional misión de vigilar que se respete la ley por parte de los otros dos poderes, se está viendo en la práctica cada vez más controlado y manipulado por ellos hasta extremos democráticamente intolerables. A tal efecto hemos decidido promover la constitución de una PLATAFORMA de jueces y magistrados que, al margen de sus personales tendencias ideológicas o adscripciones asociativas, participen profundamente de estas inquietudes democráticas y estén dispuestos a movilizarse o cooperar activamente para conseguir los mínimos objetivos básicos que consideramos indispensables para devolver a la Justicia la INDEPENDENCIA que no sólo exige nuestra Constitución sino que también reclaman textos y resoluciones internacionales como los Principios Fundamentales de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Magistratura de 1985 (PFNUIM), la Recomendación nº R (94) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces de 1998 (CEEJ), el informe 1 (2001) y opiniones 1(2000), 3 (2002 y 6 (2004) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa (CCJE) y la Carta Magna del Poder Judicial de 2008 (CMPJ).
La grave preocupación que nos lleva a efectuar el presente Manifiesto y a impulsar el nacimiento de este movimiento judicial se asienta en los siguientes antecedentes, que exponemos a continuación.
B).- ANTECEDENTES.-
1. El Poder Judicial en nuestra Constitución.-
La Constitución española de 1978, una de las más progresistas y avanzadas de Europa, tras propugnar en su Título Preliminar que la JUSTICIA es uno de los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, quiso garantizar la efectiva INDEPENDENCIA de los encargados de impartirla: los jueces y magistrados. Como prueba inequívoca de ello, no sólo reservó en su texto un lugar preeminente bajo el más que significativo título “del Poder Judicial” (verdaderamente novedoso en relación con nuestro constitucionalismo histórico) sino que, además, quiso asegurarse de que esos jueces “independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE) fuesen inmunes a cualquier intento de intromisión política por parte de los demás poderes del Estado. A tal fin, creó un órgano de autogobierno interno similar al recogido en la Constitución italiana de 1947: El Consejo General del Poder Judicial; organismo, al igual que el italiano, de carácter democrático y composición plural, por venir integrado no sólo mayoritariamente por jueces de todas las categorías, sino también, en menor número, por juristas de reconocida competencia elegidos por las dos cámaras parlamentarias.
2. La reforma de 1985: inicio de la progresiva ocupación del Poder Judicial por el Poder Político.-
Pese al equilibrado diseño efectuado por nuestros constituyentes para garantizar la clásica división de poderes inherente a cualquier Estado de Derecho y, muy especialmente, la independencia del poder judicial frente a los otros, apenas transcurridos siete años de su vigencia, el poder político, que por su propia genética siempre ha dado sobradas muestras históricas de su incontenible afán expansivo y dominador, consiguió derribar el principal muro de protección constitucional de esa independencia judicial que tantas expectativas e ilusiones había despertado entre los demócratas de este país después de 40 años de ausencia de Estado de Derecho y de jueces maniatados y sometidos al único poder político entonces existente: la dictadura. En efecto, aunque entonces fueron pocos los que se percataron de su trascendencia, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ (derecho que ya venían efectivamente ejerciendo conforme a su precedente Ley Orgánica de 1980) transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos. Este drástico cambio legislativo, que dio lugar a un conflicto de constitucionalidad por parte del CGPJ, recibió finalmente el respaldo del Tribunal Constitucional pero en una sentencia interpretativa que condicionó su constitucionalidad a la observancia de ciertas cautelas por parte de las fuerzas parlamentarias, con el fin de evitar la politización y pérdida de autonomía de este supremo órgano de autogobierno de los jueces. Sin embargo, el poder político, fiel una vez más a su insaciable afán por controlar a su controlador, lejos de respetar esas advertencias y condiciones del TC procedió a renovar los sucesivos consejos judiciales en clave política, haciendo reiteradamente uso abusivo y marcadamente partidista de este sistema de total elección parlamentaria, hasta el extremo de convertir su composición en un puro retrato en miniatura de las fuerzas políticas representadas en el parlamento.
Los nocivos efectos de este degradado uso partidista del nuevo sistema no se hicieron esperar. Rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones del órgano así elegido (especialmente en materia de nombramientos de la alta cúpula judicial y del propio TC), lo que trajo consigo las más nefastas y lesivas consecuencias para la independencia judicial en su sentido más pleno y constitucional del término y, al propio tiempo, un progresivo descrédito y desconfianza de los ciudadanos en la Justicia como último baluarte del Estado de Derecho. Nocivos efectos que el actual poder político gobernante todavía pretende acrecentar aún más con la proyectada creación (ya plasmada en algunos Estatutos de Autonomía) de Consejos Autonómicos del Poder judicial elegidos por las respectivas asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Medida esta que, al multiplicar por 17 la desprestigiada fórmula de reproducir las aritmética parlamentaria en esos órganos de gobierno judicial, incrementará hasta extremos inimaginables la presión política sobre los jueces de cada territorio al tiempo que, indirectamente, fomentará con mayor fuerza a nivel local las tentaciones de migración al campo puramente político, de las que ya han dado sobradas muestras a nivel nacional cierto número de magistrados no vocacionales o profundamente hastiados de su dura labor diaria en la jurisdicción o en los que simplemente, como en cualquier grupo humano, priman las ansias de poder.
Pero este proceso de ocupación “desde arriba” del espacio judicial, mediante la designación política de sus máximos órganos de gobierno y más importantes cargos judiciales, no sólo ha continuado imparable desde 1985 (pese a los cambios de mayorías parlamentarias que desde entonces se han sucedido en nuestro país) sino que además, con el paso de los años, se ha llegado a intensificar de tal modo y con tan alto grado de prepotencia que, a veces, ni siquiera los responsables políticos de turno han tenido el recato de, al menos, guardar en público las formas institucionalmente establecidas de aparente respeto a la independencia judicial. El más paradigmático y reciente ejemplo de ello estuvo protagonizado por el propio Presidente del ejecutivo cuando, bastante antes de que el recién designado CGPJ llegara a reunirse en pleno para elegir constitucionalmente a su presidente, no tuvo reparo alguno en adelantar a la opinión pública el nombre de quien él había decidido que ocupase ese cargo, tal y como efectivamente ocurrió después tras la votación meramente formal de ese pleno. Y es que, como era fácil prever, dado el origen de sus nombramientos, ese proceso progresivo de ocupación del espacio judicial dirigido por el ejecutivo ha contado prácticamente siempre con el silencio cómplice, cuando no expresa colaboración, de quienes, pese a estar llamados constitucional y legalmente a defender la independencia judicial, era metafísicamente imposible que pudieran cumplir firmemente su cometido al deber precisamente sus cargos (directa o indirectamente) a dicho ejecutivo. Una más que elocuente demostración de esta situación ha sido la pasiva actitud mostrada por nuestro máximo órgano de gobierno del poder judicial ante las duras descalificaciones que el parlamento de Castilla-La Mancha dirigió no hace mucho contra una juez de Guadalajara por su actuación jurisdiccional en un asunto en el que aparecían implicados diversos cargos públicos de la administración gobernante.
3. Paralelo proceso de administrativización del ámbito judicial y de absorción de competencias jurisdiccionales por órganos jerárquicamente dependientes del ejecutivo: La reforma de 2003 y posteriores.-
Paralelamente a este proceso de invasión politizadora “desde arriba”del terreno constitucionalmente acotado al Poder Judicial en su sentido más estricto, el poder político ha llevado a cabo también un horizontal proceso de administrativización. Y lo ha hecho acaparando para sí, mediante la administración central o autonómica, competencias y funciones instrumentales que siempre habían estado dentro de la órbita natural del poder judicial y que han venido denominándose la “Administración de la administración de justicia”. Este proceso, que se inició básicamente con la gran reforma de la LOPJ llevada a cabo en el año 2003 (tras el Pacto por la Justicia firmado en 2001 por los principales partidos políticos), no tendría por qué resultar necesariamente atentatorio contra la independencia judicial, sin embargo, al margen de haber complicado y reducido notoriamente la operatividad funcional del poder judicial (al hacer depender a los integrantes de esa administración de justicia de tres distintos núcleos de poder no coordinados y difícilmente coordinables entre sí: el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la respectiva comunidad autónoma), sí que, por el modo con que se inició y aún sigue desarrollándose, ha comportado en la práctica un sustancial debilitamiento de esa independencia debido, sobre todo, a la incoherente, confusa y desprotegida situación estatutaria en que han quedado residualmente los jueces pues, no obstante haber sido completamente desposeídos de su histórica jefatura sobre el personal de la oficina judicial (hasta el punto de carecer actualmente de cualquier tipo de competencias organizativas o de funcionamiento sobre ella y sus funcionarios), ese desapoderamiento no ha venido simultáneamente acompañado de la correlativa modificación de otros preceptos de la LOPJ que aún siguen haciendo responsable al juez de su funcionamiento. Claro ejemplo de ello es el artículo 165 (que continúa confiriéndole funciones de dirección e inspección puramente nominales e imposibles de aplicar, a la vista de la nueva reestructuración de competencias que la reforma de 2003 y reglamentos orgánicos posteriores atribuyen a otros cuerpos de funcionarios y que ni tan siquiera contemplan la legitimación (!) del juez para poder instar expediente disciplinario a un funcionario). Otro ejemplo son los artículos 414 y siguientes de esa misma LOPJ que mantienen un régimen sancionador de jueces y magistrados en abierta disonancia con esta nueva realidad legal. contradictoria e incoherente modificación parcial de la LOPJ que ha dejado a los jueces en una patética situación de absoluta impotencia y falta de seguridad jurídica, a la par que expuestos, ante cualquier fallo de la oficina, al más que fundado temor de verse injustamente sancionados con arreglo a criterios de pura responsabilidad objetiva convirtiéndolos también en fácil blanco de una opinión pública desinformada o hábilmente manipulada por cualquiera de esos tres centros de poder que, para eludir sus responsabilidades políticas, siempre estarán dispuestos a sacrificar como chivo expiatorio al titular meramente nominal del órgano donde se haya producido la disfunción, tal y como ocurrió en 2008 en un juzgado de Sevilla cuyo manipulado ensañamiento mediático con el juez y, sobre todo, la absoluta falta de respeto desde esas cumbres del poder a las competencias autónomas legalmente establecidas en materia sancionadora fue ya la gota que, unida a los muchos otros atropellos estoicamente soportados hasta entonces, colmó el vaso de la siempre resignada carrera judicial, dando lugar a una reacción sin precedentes en la historia judicial española.
En esta misma línea horizontal de desapoderamiento del juez de sus tradicionales competencias, la referida reforma de 2003 y las más recientemente aprobadas o en curso, siguiendo la senda que desde hace muchos años ya habían seguido otros sistemas europeos (como el alemán o el inglés) ha procedido a transferir a los Secretarios judiciales plenas funciones de dirección de la oficina y un amplio abanico de competencias procesales autónomas. Innovación esta que, vista in abstracto, tampoco tendría por qué considerarse atentatoria contra la independencia del poder judicial; antes, al contrario, plausible en la medida en que pueda contribuir a agilizar la justicia descargando al juez de sus históricas competencias no estrictamente jurisdiccionales. Sucede, sin embargo, que examinada in concreto, estas reformas arrojan unas sombras muy inquietantes para la independencia judicial al afectar algunas de esas nuevas funciones secretariales al núcleo duro de lo estrictamente jurisdiccional como es, sin duda, la relativa a los señalamientos a juicio (tal y como expresamente reconoce el apartado 1.2 de la Carta Magna del Poder Judicial de 2.008). Pese a ello, el ejecutivo se ha negado empecinadamente a dar marcha atrás en sus intenciones y, sin dar explicaciones convincentes, ha adoptado finalmente una complicada y dilatoria fórmula híbrida. Este significativo dato, unido al hecho de que este proceso de absorción de competencias procesales (largamente añorado por los secretarios judiciales) coincida precisamente con la recién culminada reconversión de estos en un cuerpo fuertemente jerarquizado en cuyo vértice se encuentra el propio Ministro de Justicia (y, por tanto, el Gobierno) hace aún más fundados y razonables los temores reiteradamente expresados por los jueces de que esta operación de reforma propiciada por el ejecutivo no sea sino un paso más (sibilino, pero de imprevisibles consecuencias) en su insaciable afán de controlar y dominar aún más el ya muy mermado ámbito del Poder Judicial.
Y similar reflexión y reproche crítico cabe hacer de la proyectada atribución al Ministerio Fiscal de toda la instrucción del proceso penal sin efectuar previamente una reforma sustancial de su estatuto orgánico que garantice su total desvinculación del poder ejecutivo y, por tanto, su efectiva independencia e imparcialidad. Porque si esa atribución se lleva a cabo manteniendo incólume la actual estructura jerárquica y dependiente del Ministerio Fiscal, a nadie se le escapa lo que podría suceder, por ejemplo, con cualquier caso de corrupción que afectase a miembros del partido político que en ese momento tuviese las riendas del Gobierno y, por tanto, autoridad directa sobre el máximo jefe de todos los fiscales del país.
4. Paralelo mantenimiento de la Justicia en su histórica carencia de medios.-
Paradójicamente (o tal vez coherentemente, según la perspectiva desde que se mire) este ambicioso proceso de ocupación del poder judicial, no ha ido acompañado de una paralela inquietud por mejorar de manera efectiva la penuria de medios personales y materiales en que desde mucho antes de la llegada de la democracia se encontraba la Administración de Justicia pues, fuera de algunos ligeros cambios poco más que cosméticos, nuestra Justicia sigue siendo al día de hoy la cenicienta de los presupuestos del Estado con una inversión del 1% (bien alejada del 3,5% en que se sitúa la media de los países europeos) y con una planta de jueces de apenas 10 por cada 100.000 habitantes (frente a los 20/100.000 de la media europea). Males endémicos a los que el actual Gobierno, movido por la presión ejercida en el último año por el colectivo judicial, ha respondido tímidamente con un autodenominado “Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia” a sólo tres años vista. Un Plan que, si bien desde un punto de vista tecnológico podría servir para prevenir y evitar en el futuro las graves disfunciones que vienen produciéndose a diario por causa de la total desconexión informática entre los diferentes órganos judiciales (como, por ej., la que no hace mucho se produjo en Granada y le supuso a un ciudadano inocente varios días de prisión), resulta absolutamente insuficiente en los aspectos más esenciales, como son el déficit de inversión económica y la planta judicial, pues, de llevarse a efecto el citado Plan, en el año 2012 nos encontraremos con un presupuesto de inversión y un número de jueces por cada 100.000 habitantes prácticamente idénticos al actual y por tanto aún mas impotentes que hoy para dar pronta respuesta al muy superior número de asuntos que la mayor diligencia implementada por esa reforma a la fase de trámite dejará sobre sus mesas para resolver.
5. Inadmisible situación personal y profesional de los jueces.-
Todo lo anteriormente expuesto ha sumido a la inmensa mayoría de los jueces en un profundo estado de desaliento, impotencia y frustración personal y profesional al comprobar cómo, pese al sobreesfuerzo que durante todos estos años hemos venido realizando día a día, a costa de nuestra vida personal, social y familiar, poniendo en grave riesgo la propia salud, no conseguimos dispensar la tutela judicial con la prontitud, sosiego e independencia que los ciudadanos reclaman y merecen. Y ello pese a que, merced a ese sobreesfuerzo, el tiempo medio de resolución de asuntos en España (240 días) es considerablemente mejor que el de otros países europeos de mayor porcentaje de jueces como Italia (520 días) Francia (420 días) o Portugal (300 días), según datos de 2004 recogidos en el Informe sobre Sistemas Judiciales Europeos elaborado por el Consejo de Europa. Al comprobar también cómo ese sobrehumano esfuerzo (con fines de semana incluidos) para tratar de absorber la sobrecarga de trabajo no sólo no ha ido acompañado de un mínimo reconocimiento institucional y social sino que, muy al contrario, desde los poderes públicos, tanto externos como internos del poder judicial, siempre se nos ha colocado ante la opinión pública en el punto de mira haciéndonos aparecer ante ella como los culpables de la lentitud de la justicia y de cualquier disfunción o escándalo derivado de su abandonado estado de funcionamiento por parte, precisamente, de esos poderes centrales y autonómicos, legalmente responsables de su debida dotación. Profundo estado de desaliento, impotencia y frustración al comprobar, asimismo, la injustificable discriminación que seguimos padeciendo en nuestro estatuto laboral (especialmente en materia de licencias y permisos) con respecto a otros colectivos de funcionarios de la administración de justicia, pese al tímido cambio normativo recientemente operado. Al comprobar como nuestra independencia institucional no sólo se ha visto día a día desprotegida sino, incluso, directamente atenazada por el temor a que una actuación estrictamente jurisdiccional pueda ser respondida por los propios órganos de gobierno internos de la justicia con un oportunista expediente disciplinario destinado a calmar ciertas reacciones políticas o mediáticas; y al constatar, en fin, cómo también nuestros propios derechos y libertades fundamentales, que como ciudadanos nos reconoce la Constitución (libertad de expresión, derecho de huelga, etcétera), han sido puestos en entredicho por esos mismos órganos o incluso directamente vulnerados acudiendo a una interpretación restrictiva y anticonstitucional de nuestro ya duro y difuso régimen disciplinario. Baste recordar este respecto lo que no hace mucho ocurrió con la sanción impuesta a una compañera destinada en Cantabria, que se atrevió en una entrevista periodística a opinar sobre la ley de violencia de género en términos no adecuados a lo “políticamente correcto” o la más reciente amenaza sancionadora dirigida contra otro compañero de Sevilla por haber incurrido en parecida “osadía”.
Todos estos antecedentes y circunstancias que se acaban de exponer explican sobradamente que una simple gota de más en este desbordado recipiente de agravios a la carrera judicial provocara el estallido del denominado Movimiento 8 de Octubre, pero también permiten comprender por qué, lejos de haber tenido éste el efímero alcance que sería propio de cualquier movimiento meramente reaccional y coyuntural, esté proporcionando cada día que pasa mayores muestras de su vocación permanente y de la profunda solidez con que ha arraigado en todas las capas del colectivo judicial, tal y como han puesto de manifiesto las dos históricas huelgas generales vividas en la judicatura y los resultados de las recientes elecciones a las salas de gobierno de los TSJ.
C).- LA PLATAFORMA YSUSOBJETIVOS BÁSICOS.-
Como muestra expresiva de la concreta finalidad de esta plural organización de jueces asociados y no asociados, que en ningún momento pretende disputar espacio a ninguna de las asociaciones judiciales actuales sino, todo lo más, animarlas al más pronto logro de los fines básicos que perseguimos, hemos convenido en denominarla PLATAFORMA POR LA DESPOLITIZACIÓN Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. Mediante ella, y a través de la constante información y contacto con la opinión pública, el deseable apoyo de los más amplios sectores del campo jurídico (tanto teórico como práctico) y de la intelectualidad en general, el aspirado respaldo o comprensión de los grupos mediáticos más libres e independientes del país, el abierto y franco diálogo con las principales fuerzas políticas en el poder o en la oposición y acudiendo, en su caso, a cuantas movilizaciones constitucionales y legales de toda índole fueran precisas, sin perjuicio de promover también ante instancias europeas o internacionales las quejas, reclamaciones o denuncias que resulten procedentes, pretendemos impulsar y conseguir un gran PACTO DE ESTADO que asuma el compromiso de restituir al poder judicial y a cada uno de sus titulares la independencia y la dignidad que la Constitución les reconoce para que cualesquiera que fueren las alternativas de gobierno que puedan devenir en el futuro, el ámbito de lo judicial quede siempre preservado, y para siempre, de cualquier injerencia política. Un gran pacto democrático por la despolitización de la justicia y la plena independencia y dignidad del poder judicial que entendemos sólo podrá tener efectividad real y duradera dando plena satisfacción a los siguientes OBJETIVOS BÁSICOS que esta Plataforma considera ineludibles:
1). Elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: del Juez decano (en los partidos judiciales donde simplemente existan más de dos jueces, por sufragio directo de estos), de los Presidentes de audiencias provinciales y nacional (por sufragio directo de los jueces de su respectivo territorio), de las Salas de gobierno (por sufragio directo de los jueces de su jurisdicción y con arreglo a un sistema proporcional) y de los Presidentes de tribunales superiores de justicia (por las respectivas salas de gobierno, que igualmente podrán acordar por mayoría su cese). Y, asimismo, elección por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y magistrados del país de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ. Pretensión esta última que se encuentra expresamente avalada por la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces de 1998 (apartado 1.3), el propio CCJE del Consejo de Europa (conclusión 4 del informe de 23-11-2001) y la Carta Magna del Poder Judicial de 2008 (apart. 1.3) que señalan la necesidad de un órgano independiente de autogobierno de los jueces en el que, al menos la mitad de sus componentes sean elegidos por ellos mismos.
Esta reforma, al acabar con todos los cargos de libre designación actualmente existentes en el poder judicial, democratizando así su constitucional autogobierno interno, no sólo comportaría para cada uno de los jueces y magistrados la mayor y más firme garantía de su independencia externa e interna, sino que además terminaría radicalmente con el actual estado de politización de la Justicia cortando, a su vez, de raíz, cualquier posibilidad de hacer carrera dentro del ámbito judicial al margen de los propios méritos personales y jurídicos.
2). Mantenimiento en poder de los jueces de sus funciones estrictamente jurisdiccionales. Conforme al artículo 117.3 CE deberán permanecer siempre en poder del juez sus competencias estrictamente jurisdiccionales, como son la determinación de la competencia misma del órgano, resolución de pruebas y señalamientos, sentencias, orden de ejecución de las mismas así como cualesquiera otras resoluciones en asuntos contenciosos o que afecten a derechos fundamentales. Y asimismo deberá seguir conservando el juez toda la instrucción del proceso penal en tanto su proyectado candidato, el M. Fiscal, no sufra una profunda catarsis orgánica que le garantice su no dependencia del ejecutivo. Competencias jurisdiccionales de los jueces que, además, deberán guardar siempre una nítida separación con las funciones procesales no jurisdiccionales de los secretarios judiciales. Y todo ello sin perjuicio de la adscripción directa y exclusiva al juez de los funcionarios que le sean estrictamente indispensables para poder transcribir y materializar sus propias decisiones jurisdiccionales o dirigir la sala de vistas, sin menoscabo de las que puedan corresponder a la oficina judicial exclusivamente dependiente de los secretarios.
3). Elaboración de una nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces/100.000 habitantes, en lugar de los 10/100.000 actual que además computa sólo los habitantes de derecho sin tomar en consideración la mayor población de hecho o flotante que tiene nuestro país tanto por su condición de segundo destino turístico mundial como por el fenómeno de la inmigración. Elaboración de esta nueva planta judicial que, por tanto, deberá realizarse teniendo muy en cuenta estas peculiares circunstancias y con la activa intervención de los jueces en su gestación en un proceso que culmine en un máximo de cinco años e incorpore mecanismos de automática actualización cada dos años.
4). Inversión en justicia conforme a la media europeadel 3,5% del presupuesto, en lugar de 1% actual, y cuyo objetivo se logre progresivamente en un máximo de cinco años.
5). Hasta tanto la nueva planta judicial no sea un hecho: Inmediata consecuciónpara los jueces de una carga de trabajo simplemente humana y, por tanto, no atentatoria contra sus más elementales derechos fundamentales. Con esta apremiante reivindicación, sin cuyo logro no puede haber nadie que pueda actuar con un mínimo grado de ecuanimidad y sosiego, base indispensable de cualquier independencia en el sentido más primario del término, lo que los jueces y magistrados de este país pretendemos es algo tan sencillo, razonable y natural como poder afrontar un nivel de trabajo que resulte plenamente compatible con el disfrute de una normal vida personal, familiar y social y no, como hasta ahora, gravemente atentatoria contra nuestra más elemental dignidad, libre desarrollo de nuestra personalidad y nuestra integridad física y moral. Objetivo que, dada nuestra alta responsabilidad inherente a nuestra condición de Poder del Estado y los derechos fundamentales e intereses públicos en conflicto, sabemos no puede encontrar satisfactoria solución con el simple establecimiento, como a cualquier trabajador, de un límite meramente numérico de horas laborables sino con la fijación normativa con arreglo a estrictos criterios legales de la MÁXIMA CARGA DE TRABAJO de que podrá conocer cada juez para poder dispensar una justicia de calidad e intensamente humana sin poner en riesgo su propia salud ni soportar un serio quebranto en su ámbito de vida privada. Medida ésta que para que sea efectiva, en ese doble aspecto, conlleva inexorablemente el absoluto rechazo a cualquier intento de establecimiento de sistemas retributivos de carácter productivista.
Este objetivo es tan extremadamente urgente que su puesta en práctica no puede depender de su dilatada plasmación futura en una norma escrita, por lo que, entretanto, deberá ser la primera decisión inmediata de esta plataforma poner coto a esta degradante situación de jornadas laborales tercermundistas mediante la adopción en firme de un ACUERDO GENERAL Y SOLIDARIO DE AUTORREGULACIÓN de la propia carga de trabajo y ello al amparo del sólido apoyo directo que nos dispensan los artículos 10.1, 15 y 43.1 CE.
6). Aprobación de un nuevo estatuto judicial que asegure, además de esa compatibilidad de la actividad laboral del juez con su derecho a una vida personal y social digna, la efectiva conciliación de aquella con su vida familiar, la plena equiparación en derechos y beneficios sociales con los restantes integrantes de la función pública, el disfrute de un efectivo plan de prevención de sus riesgos laborales y contingencias profesionales y, de manera especialmente apremiante, la mejora sustancial de sus actuales condiciones de jubilación. Condiciones estas denigrantemente precarias y en absoluto desacuerdo con la dignidad de la función ejercida y con las rigurosas incompatibilidades soportadas por el juez durante su vida activa y, por supuesto, frontalmente contrarias a lo expresamente estipulado en el punto 6.4 de la Carta Europea sobre el Estatuto los Jueces y apartado 6.2 de la Carta Magna del Poder Judicial, el primero de cuyos textos literalmente postula una pensión de jubilación “cuyo nivel sea lo más próximo posible al de la última retribución de su actividad judicial”.
De manera muy especial, los jueces consideramos sumamente necesario y apremiante para la debida salvaguarda de nuestra independencia la reforma de nuestro régimen disciplinario vigente desde 1985 a fin de adaptar sus disposiciones a los cambios normativos sobrevenidos (especialmente en materia de oficina judicial) y a las exigencias de los principios de tipicidad y precisión en la definición de los tipos, introduciendo además criterios de graduación de sanciones y reducción del margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones por infracción muy grave, sin perjuicio de permitir la posibilidad de intervención de las asociaciones judiciales en los procedimientos disciplinarios seguidos contra sus asociados (tal y como ocurre con el resto de funcionarios de la administración de justicia). En esta línea resulta de extraordinaria urgencia la modificación del aún vigente artículo 165 LOPJ y correlativos artículos 414 y ss de la misma ley orgánica, por resultar absolutamente incoherentes con la estructura de la nueva oficina judicial y competencias gubernativas y procesales atribuidas a los secretarios judiciales.
7). Independencia económica. Es preciso subrayar que para que la independencia del poder judicial que proclama nuestra Constitución sea real y efectiva no basta con que el juez, en el estricto ejercicio de su función jurisdiccional, sea inmune a cualquier presión que pudiera hacer variar el sentido de su decisión jurídica, pues ello, aun siendo cierto, no constituye más que el núcleo duro de su independencia. Es necesario, por tanto, que esa independencia se garantice institucionalmente frente a las injerencias del poder político, tal y como acabamos de exponer, pero también frente a quienes deben proporcionar los recursos económicos adecuados para el buen funcionamiento de la administración de justicia pues, de lo contrario, si (como ahora ocurre) quedara en manos del ejecutivo la fijación arbitraria o periódica de las retribuciones de los jueces la fisura en ese sensible flanco de la independencia del poder judicial, más pronto que tarde terminaría vaciando todo su contenido esencial.
La verdadera independencia judicial exige, por tanto, también (tal y como asimismo recuerda el aptdo. 6.1 y 2 de la Carta Magna del Poder Judicial) que el aspecto económico del estatuto los jueces esté debidamente garantizado mediante unas retribuciones acordes con su condición de poder del estado cuya cuantía y automática actualización fijada por ley no dependa del arbitrio de cada gobierno de turno ni haga preciso que los miembros integrantes de este poder tengan que verse obligados periódicamente a mendigar o presionar al poder ejecutivo su mejora. Por ello, aunque la vigente Ley 15/2003 del 26 mayo concibe acertadamente el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial como un elemento configurador de su independencia económica, no responde, sin embargo, satisfactoriamente a esas exigencias al haber dejado en última instancia en manos del poder ejecutivo la fijación periódica de nuestras retribuciones con la agravante, además, de contemplar criterios productivistas cuya experiencia práctica ha demostrado sobradamente, además de su muy difícil o imposible cuantificación en una materia de tan alta sensibilidad y calado humano como es la función jurisdiccional, sus nefastas consecuencias para la calidad de la justicia, habiendo recibido los mismos, además, el expreso rechazo de la citada CMPJ.
La actual crisis económica que padece nuestro país no puede justificar de ningún modo el aplazamiento en la aprobación de esa nueva ley que cubra este debilitado aspecto de la independencia judicial, sin perjuicio de que su entrada en vigor, con efectos retroactivos, se posponga a la superación de esa crisis.
D).- LLAMAMIENTO PREVIO A TODOS LOS JUECES:
Por todo lo dicho y razonado, queremos hacer aquí un especial llamamiento a la previa suscripción de este documento por la despolitización y la independencia judicial, a nivel individual, por parte de todos los jueces y magistrados del país y, a nivel colectivo, por parte de todos sus máximos representantes democráticos, cuales son las juntas directivas de las cinco asociaciones judiciales, los jueces decanos y juntas de jueces de todo el territorio nacional y todos los recientes miembros electos de las salas de gobierno de los diferentes tribunales. Todo ello, naturalmente, antes de su solemne puesta en conocimiento de la opinión pública.
Suscripción de apoyo a este documento que no conlleva ni implica compromiso alguno de entrar a formar parte también de la Plataforma que en su día pueda llegar a constituirse para defender organizadamente todos los objetivos básicos del Manifiesto y que, en cualquier caso (lo reiteramos y aclaramos una vez más para evitar cualquier tipo de recelo o suspicacia), en modo alguno pretende competir con ninguna de las asociaciones judiciales o comisión inter asociativa actuales o futuras ni, menos aun, suplantarlas o ser el embrión de una nueva asociación dentro de nuestro ya excesivamente fragmentado colectivo judicial ni tampoco, por supuesto, arrogarse ilegítimamente el rico y variado espíritu del Movimiento 8 Octubre que late y seguirá latiendo indefinidamente como crítico revulsivo de toda la carrera judicial en el foro telemático de nuestra extranet.
En Madrid a 13 de enero de 2.010
